Por Víctor Hugo Robles / Revista El Periodista / 8 de Julio 2002

Cada 9 de julio, desde 1974, los nuevos cadetes, conscriptos, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas prestan juramento de fidelidad a la patria y renuevan sus votos de lealtad con la rama de las Fuerzas Armadas a la cual pertenecen. Ese mismo día y los restantes 364 del año, otros jóvenes, de similar edad que los uniformados, luchan por derogar el Servicio Militar Obligatorio. Son los «antimili», los objetores de conciencia, muchachos que no están dispuestos a empuñar las armas ni menos dispararlas.

En el ocaso de los 80, en el mundo social, académico y político, emergió con timidez el debate sobre el Servicio Militar Obligatorio (SMO), sumado a las enmiendas que serían susceptibles de introducirse en él. La discusión creció junto al proceso de apertura democrática en los 90, y fue en creciente aumento debido a las sucesivas denuncias sobre malos tratos a conscriptos, particularmente después de conocerse los pormenores del asesinato de Pedro Soto Tapia en el regimiento Yungay de San Felipe. Crimen, muerte y martirio de un joven humilde que deseaba ser soldado, transformado en símbolo de las arduas batallas pacifistas de un puñado de jóvenes chilenos impulsores del derecho a la objeción de conciencia. Derecho que, aseguran, estaría garantizada en el artículo 19 N° 6, inciso primero de la Constitución de 1980, relativo a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. «Recurrimos a ese derecho porque una de sus manifestaciones es la objeción de conciencia. Por lo menos así lo interpretan las Naciones Unidas», afirma Patricio Carvallo, coordinador del colectivo Ni casco, Ni uniforme, una activa organización social que lucha contra el servicio militar y que acaba de celebrar 5 años de existencia. «Cumplir con el servicio militar sería traicionarnos y romper con nuestra conciencia antimilitarista», agrega Carvallo, convencido de su rebelde afán.

LOS PRIMEROS REBELDES

Objetores de conciencia, como se les denomina a las personas que rechazan las armas, las milicias, y que defienden a ultranza esta creciente convicción de paz, existen desde antes de 1900, fecha en que se instauró el actual SMO. Previo a los objetores contemporáneos, había otros rebeldes que repudiaban la existencia de una entidad conocida como Guardia Nacional que, casi igualmente al actual servicio militar, era de carácter obligatorio y estaba conformada mayoritariamente por obreros, quienes acudían a ella los fines de semana e, incluso, debían comprar sus propios uniformes y pagar el armamento que utilizaban. «Esto implicaba un fuerte impuesto y por eso siempre hubo gran rechazo a la Guardia Nacional entre los trabajadores», relata Carvallo, situando en estos esforzados proletarios los gérmenes de la objeción de conciencia criolla. Pese a ser apenas un asomo de lo que se conoce como «objeción de conciencia», este popular repudio a la primitiva Guardia Nacional fue respaldado por conspicuas figuras políticas de antaño como Benjamín Vicuña Mackenna y José Manuel Balmaceda. Extenso e inédito rechazo que tuvo su glorificación en una demanda legal presentada, paradójicamente, en la ciudad de San Felipe, el mismo lugar donde fue ultimado Pedro Soto Tapia, en diciembre de 1996.
Sumado a estos «objetores» en tiempos donde ni siquiera existía tal denominación, hubo otros que se negaban a ir a las guerras o sencillamente desertaban de la milicia. «Reconocemos como objetores de conciencia a los desertores, y de eso existe un historial en las guerras civiles del siglo pasado, y en las guerras contra la Confederación Perú Boliviana o en la famosa Guerra del Pacífico», afirma Carvallo, acusando al Ejército de omitir deliberadamente estos antecedentes de la historia de Chile.

«La Guardia Nacional era una solución de la defensa, no sólo respecto a un conflicto exterior, sino que también respecto de un conflicto interior. Nace para contrarrestar el peso que tenía el sindicalismo de carácter anarquista en la clase trabajadora», cuenta Carvallo, interpretando de este modo el porqué del origen de una obligación conocida como «impuesto de sangre», considerando que siempre se paga con la vida y con sangre. Por su parte, el Estado, temeroso de estas nacientes ideologías, crea la Guardia Nacional intentando frenar los inquietos sindicatos. Así, mientras los sindicalistas de antaño se esmeraban en educar políticamente a su gente, hablándoles de la abolición del Estado, de la explotación de clase, además de enseñarles a leer, escribir y sacar cuentas; la Guardia Nacional les hablaba del amor a la patria, la autoridad y la bandera.

NI CASCO NI UNIFORME

Distanciados de esas históricas pugnas y pese a lo remoto de la resistida Guardia Nacional, aún impera esa antigua resistencia a integrar la milicia y defender a la patria. En el pasado fueron los obreros, los anarquistas y los revolucionarios. Hoy son los punquis, los trashers y los neo rebeldes. Son los objetores de conciencia reunidos en torno a una organización que agrupa a más de 30 jóvenes capitalinos, ostentando ramificaciones en varias regiones del país, y cuyo historial de vida es relativamente corto, pero vigoroso.El movimiento de objeción de conciencia, actualmente conocido como Ni casco Ni uniforme, nació en 1993, cuando el derecho a la objeción de conciencia era una de las primeras demandas que emergieron del descontento juvenil en democracia. Esta utopía, que no era la única, empezó ha ser exigida por el desaparecido colectivo de objeción al servicio militar obligatorio, Cosmo, expresándose luego en posiciones más frontales al militarismo en tanto ideología. Posterior al Cosmo, e impulsado por otros sectores como el anarquista libertario, jóvenes retornados del exilio, cristianos y ecologistas, se crean las Asambleas Antimilitaristas en cuyas instancias confluyen grupos que trabajaban separadamente. En 1995, nace una Red de objeción conformada exclusivamente por instituciones defensoras de las libertades civiles como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que, pese a desarrollar un trabajo más bien institucional, es recordada por haber convocado a un concurrido encuentro latinoamericano de objeción de conciencia. Estas pioneras instancias dieron pie a trascendentes talleres dictados por objetores paraguayos y argentinos que vinieron a Santiago a relatar su experiencia y trayectoria de lucha, iluminando así el camino de los objetores criollos. De ahí que, a partir de junio de 1997, los más inquietos participantes de los talleres comenzaran a pensar en una organización que pudiese reportar más rentabilidad a sus demandas antimilitaristas, esmerándose en múltiples debates teóricos abordados desde muchas perspectivas;. Desde jóvenes de estricta formación marxista, estudiantes del colegio Rubén Darío, anarquistas, punquis, e incluso, de jóvenes evangélicos. Y pese a lo caótico de este singular arco iris de voces, el aspecto que logró mayor cohesión entre los objetores fue el unánime rechazo a lo que denominaron como «cofradía militar».
Pero más allá del rechazo a todo lo que oliera a militar, casco y uniforme, los objetores comenzaron a realizar gestiones concretas en defensa de quienes se negaban a cumplir con el SMO, y respecto de este punto, reconocen haber desarrollado una extraña relación con los abogados de DDHH, quienes les proponían «sacarles el servicio por secretaría». Los objetores, en cambio, propiciaban cuestiones más de fondo. Y en eso estaban cuando, en 1998, fueron llamados a presentarse en los cantones de reclutamiento los primeros objetores del grupo, mientras otros integrantes ni siquiera se habían inscrito, resistiendo así la obligatoriedad del sistema. Javier Garate, conductor del programa radial que el colectivo transmite a través de radio Tierra, fue uno de estos valientes rebeldes. «No me inscribí porque el sólo participar en el proceso de inscripción es meterse en el maldito juego de los milicos», sostiene. «Desconozco mi situación militar actual y tampoco me preocupa porque creo que no me van a molestar. Más bien, somos nosotros los que les molestamos a ellos», reconoce Garate, quien junto a Cristián Sahli y Claudio Basso, fue uno de los primeros objetores que se atrevió a desafiar abiertamente al Ejército a través de la presentación de un Recurso de Protección en los Tribunales de Justicia. «Los jueces se lavaron las manos, se declararon incompetentes y no quisieron siquiera intervenir en el tema», alega Garate.

EL PUBLICITADO FORO DEL DIEGO PORTALES
Un hito destacado en la historia de Ni casco Ni uniforme, es su controvertida participación en un publicitado foro sobre el SMO, convocado por el ministerio de Defensa Nacional el año 2000. Este inédito encuentro realizado en el edificio Diego Portales, se concretó, acusan los objetores, «para establecer alianzas entre los milicos y los socialistas». Tesis de supuesta operación maquiavélica que rechaza de plano el subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, consultado por El Periodista. «Nosotros vemos el mundo más ampliamente», sostiene la autoridad civil de reconocida militancia socialista. «El foro buscó intercambiar diversas visiones de país tendientes a replantearnos el SMO», aclara. Por eso; «se invitó a los sectores más relevantes de nuestra sociedad; militares, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos, desde la UDI hasta el Partido Comunista», señala Gaspar, explicando así las pluralistas pretensiones del citado encuentro. Pluralismo y democracia que ponen en entredicho los descontentos e inquietos objetores de Ni casco, Ni uniforme, reclamando falta de equidad e, incluso, abierta censura. «La metodología del foro no tenía nada de democrática porque la mayor parte de los expositores eran milicos, académicos militares o de gente del gobierno. Un porcentaje mínimo de expositores provenía de posiciones más críticas al servicio militar. Además, nuestra exposición no fue incluida en el informe final del encuentro», reclama Patricio Carvallo, coordinador del grupo. «Nosotros no usamos cronómetros, ni hacemos cuoteos», se defiende tajante el subsecretario Gaspar, esmerándose en explicar los motivos oficiales de la polémica reunión. «Buscamos cumplir con la promesa del Presidente Lagos que, en su programa de Gobierno, prometió sustituir el servicio militar actual por un sistema que, preservando las necesidades de defensa de nuestro país, contemplara variables como el establecimiento de un servicio voluntario», dice.

¿LO MÁS VOLUNTARIO POSIBLE?

Sea como sea, la polémica instancia motivó el envío de un proyecto de ley que propone flexibilizar el actual sistema obligatorio, dotándolo de mayores recursos económicos, incluyendo algunas excepciones en la obligatoriedad para quieres padecen enfermedades graves o quienes son hijos o nietos de familiares afectados en sus derechos humanos durante el régimen militar. De los objetores de conciencia, ni una palabra en el proyecto. «Se trata de que sea lo más voluntario posible, a través de una serie de incentivos para que la gente acuda, y que el porcentaje que no se pueda cumplir con estos incentivos, sea a través de sorteos, siendo así lo más equitativo posible», declaró recientemente a la prensa la ministra de defensa Michelle Bachelet. Y si bien se trata de un proyecto novedoso que ha encontrado amplia acogida en sectores políticos con representación parlamentaria, los objetores acusan que los recursos no provendrán directamente de los cuantiosos presupuestos de las FFAA, sino que de «otras reparticiones públicas no militares como el ministerio del Trabajo, ministerio de Educación y Mideplan», acusa Patricio Carvallo, creyendo poco de las bondades de un proyecto de ley que «duerme» en la comisión de Defensa de la Cámara baja. «Espero que el proyecto se discuta lo más pronto posible, tal vez sea después de ver el proyecto de servicios de inteligencia», se apura en afirmar el subsecretario Gaspar.Y mientras los parlamentarios no parecen tener mayor apuro en debatir esta importante materia, miles de jóvenes chilenos se ven enfrentados al cumplimiento de una obligación estipulada en artículo 22, inciso 3° de la Constitución de 1980. Una obligación que año tras año enfrenta a unos 100 mil jóvenes en edad de realizar el servicio militar. 100 mil jóvenes de los cuales, el 33 por ciento se excluye por razones médicas, el 23,7 por ciento queda en calidad de disponibles, no siendo llamados aun cuando cumplen con los requisitos y no presentan solicitud de postergación. Un 23 por ciento es reclutado, mientras un 13 por ciento es remiso. Sin embargo, no todos los que son llamados realizan el SMO pues, desde su origen, el sistema de conscripción ha sido anómalo. En 1998, de 125 mil 361 nacidos el año 1980, se inscribieron en los cantones de reclutamiento 106 mil 974 personas, lo que representa un 85,3 por ciento. Fueron convocados 93 mil 451 jóvenes (74,5 por ciento), siendo acuartelados sólo 22 mil 310 reclutas, lo que corresponde a un 22,6 por ciento del total de inscritos. Es decir, la obligatoriedad sólo alcanza a la quinta parte de los jóvenes que se encuentran en condiciones de hacerlo. Además, esta selectividad del SMO ha sido a lo largo de su historia, regresiva socialmente, porque para nadie resulta nuevo constatar que son los pobres los más afectados a la hora de seleccionar a los futuros reclutas. Una realidad reconocida, incluso, por la misma ministra Bachelet, quien a afirmado que el proyecto de ley pretende que «no suceda lo que hoy está sucediendo en nuestro país, donde la gente pobre no tiene «pitutos» para sacarse el servicio militar».

BATALLON GERMANIA, EL SERVICIO ABC1

Reconocidos los famosos «pitutos» y pese a la arraigada creencia popular que ve en el servicio militar una obligación sólo para los pobres, existe un segmento de jóvenes de la clase alta chilena que realizan voluntariamente el servicio militar «obligatorio». Se trata de los jóvenes integrantes del batallón Pampa Germania que funciona en la Escuela Militar, y que éste año reclutó a unos 625 postulantes. «Se trata de cursos avanzados para jóvenes que recién salen del colegio y que desean adelantar su servicio militar», explica Gerd Hard Ramírez, comandante del batallón de elite. «Entran a los 17 años y cumplen con el servicio los días sábados y en las vacaciones de invierno en períodos de campañas», agrega. Similares sistemas existen en todas las regiones del país, en el Ejército y en la Fuerza Aérea, concentrándose en Santiago tres importantes batallones; el Germania, el Maipú y el campamento Manuel Rodríguez. Y si bien esta voluntaria modalidad representa una alternativa para quienes se enfrentan a cumplir, sí o sí, con esta obligación calificada por las autoridades como «patriota», sólo los que tienen mayores recursos pueden acceder a ella. «Los jóvenes aquí se postulan y eso implica un importante desembolso económico en exámenes médicos de admisión», señala el comandante Hard, reconociendo que en la Escuela Militar la «tendencia indica que postulan sólo jóvenes de Santiago oriente».
Y así, mientras la ministra Bachelet regresa de su exitosa gira por Europa donde integró a las FFAA chilenas al publicitado tratado de libre comercio con la UE, los jóvenes del batallón Germania se ejercitan realizando combates simulados y las autoridades de Defensa concentran sus esfuerzos en proyectar una profesional imagen de las FFAA en la era Cheyre, los rebeldes integrantes de colectivo Ni casco, Ni uniforme, no piensan ceder en su demanda por la abolición definitiva del servicio militar obligatorio, llamando a los jóvenes a no inscribirse en los cantones y a desafiar al Ejército de Chile, porque, aseguran; «el servicio militar acuartela la libertad».

CITAS DESTACADAS
«En 1998, fueron llamados a presentarse en los cantones de reclutamiento los primeros objetores del grupo, mientras otros integrantes ni siquiera se habían inscrito, resistiendo así la obligatoriedad del sistema».

«Para nadie resulta nuevo constatar que son los pobres los más afectados a la hora de seleccionar a los futuros reclutas. Una realidad reconocida, incluso, por la misma ministra Bachelet».