Gentiliza RompiendoElSilencio.cl

La abogada y jueza de garantía de la ciudad de Los Andes, Karen Atala Riffo, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en contra del Estado chileno por estimar que sus derechos han sido gravemente quebrantados, «violaciones que han significado para mí y para mis hijas graves perjuicios y daños morales».

La presentación fue suscrita también por Abogados por las Libertades Públicas, la Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales y la Fundación Ideas.

La denuncia señala que el Estado chileno violó, en el caso de la madre, ocho artículos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que Chile ratificó en agosto de 1990.

El documento, presentado ayer miércoles en Washington, señala que, entre otros, se violó el artículo 1 de la Convención, el que establece los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El 31 de mayo pasado la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en voto dividido, tres contra dos, quitó la custodia de sus tres hijas a Karen Atala, y se la entregó al padre.

La resolución judicial apunta a que la madre «ha antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado».

Pone en riesgo «el bienestar psíquico y emocional de las hijas» y su desarrollo integral ante una «eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona de género femenino».

El fallo también alude a que las niñas «podrían ser objeto de discriminación social derivada de este hecho».

Los tres jueces que votaron a favor de esta resolución, asumen la defensa del «derecho preferente de las menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente y apreciada por el medio social, según el modelo tradicional que le es propio».

El voto de minoría, en cambio, señala que «restarle a la madre, sólo por su opción sexual, la tuición de sus hijas menores  -como lo ha requerido el padre sobre la base de apreciaciones netamente subjetivas- involucra imponer tanto a aquellas como a la madre una sanción innominada y al margen de la ley, amén de discriminatoria».

La denuncia solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare que el Estado de Chile ha violado los ocho artículos de la Convención; que disponga que se restituya a las menores a su madre y se adopten los demás actos reparatorios y compensatorios que la Comisión estime pertinentes.