Custodiados de cerca por gendarmes que miraban atentamente el desplazamiento de los activistas de MUMS que tomados de la mano buscaban la oficina de partes correspondiente, se concretó la entrega de la carta que no dejaba de generar comentarios por la presencia de gays y trans abiertamente públicos.

El Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), entregó una carta dirigida al Presidente de la Corte Suprema Milton Juica, hoy lunes 12 de abril alrededor del medio día, en donde manifestó su más profundo rechazo al actuar de esta Corte Suprema, en relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH sobre el llamado «Caso Atala», las cuales determinaron que el Estado chileno violó el derecho de la jueza Karen Atala de vivir libre de discriminación.

En este contexto, la postura que ha manifestado la Corte Suprema a través de su Presidente, negándose a participar en la mesa convocada por el Gobierno para analizar las recomendaciones del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, es a nuestro entender una actitud de soberbia, que elude las responsabilidades frente a tales recomendaciones.

La determinación en la cual la magistrada Karen Atala fue privada de la tutela de sus hijas aludiendo que la convivencia con su pareja del mismo sexo podía ser perjudicial para las niñas, es un acto de inequidad, dado que su base de sustentación es ante todo prejuicio y lesbofobia por parte de los magistrados que observaron este caso durante años. La idea de fondo que sostiene el fallo está basada en que el vivir con una pareja del mismo sexo puede ser dañino para niños y niñas, en este caso para la hijas de la Jueza Atala, lo que no tiene fundamente ni justificación de ningún tipo.

Por lo tanto, se está violando la vida sin discriminación de un individuo si no también el Artículo 1° de la constitución chilena , estableciendo que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos». El que existió un trato distinto, basado en una discriminación arbitraria, demuestra que a la hora de implementar la ley existen ciudadanos de primera y segunda clase, estando quienes no somos heterosexuales en un lugar de desmedro en cuanto a nuestros derechos.

Las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Chileno, deben ser acatadas y revisadas pues se suscriben a los Tratados Internacionales que el Estado chileno ha firmado y por lo tanto se obliga no sólo a cumplir dichos acuerdos sino a proponer acciones para evitar que vuelvan a suceder, con el fin principal de que nuestra sociedad sea mas justa.

Esperamos como ciudadanos y ciudadanas de Chile, un cambio de actitud, tal como ocurrió cuando se reconoció, hace sólo un año que la Corte Suprema y otras instancias del Poder Judicial no habían hecho lo suficiente para proteger los Derechos Humanos durante la dictadura. Derechos que todavía son pasados a llevar permanentemente, más aún si son nuestras mismas Cortes las que avalan estas prácticas por acción u omisión. A nuestro entender el Poder Judicial está eludiendo sus responsabilidades, lo que demuestra una falta de autocrítica y una actitud poco responsable con los deberes que le son propios. En este contexto, esperamos no tener que esperar más de 20 años para que está máxima instancia de la Justicia Chilena sea capaz de reconocer sus debilidades u omisiones.