Hace algunos días se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso de Karen Atala, a quien se le quitó la tuición de sus hijas por hacer público su lesbianismo y vivir con su pareja. La instancia resolvió que Chile violó sus derechos luego de quitarle la tuición de sus hijas en 2004 por lesbiana.

Cuando este caso salió a la luz pública, hace seis años, se hizo comentario obligado y salió en gran cantidad de medios, muchos de ellos fomentando el morbo permanentemente asociado con la diversidad sexual. Basta ver la profusa divulgación de la declaración de Ricky Martin sobre su homosexualidad y las circunstancias en que se habría producido. La exposición a la que fue sometida la jueza y su pareja correspondió a una salida del clóset que la sociedad cree necesaria, como si tuviésemos obligación de decir, a quien quiera saber, cuál es nuestra orientación sexual y/o nuestra identidad de género. Rara paradoja, considerando la sentencia a la jueza que fue discriminada por “hacer pública su orientación sexual”.

Se declaró que por el “bien superior de las niñas” se le quitaba la tuición a la jueza, que había antepuesto su propio interés al de sus hijas, que a las niñas se las discriminaría por tener una madre lesbiana y vivir con otra mujer como pareja. La resolución obedeció a una suerte de lógica al revés, en lugar de buscar la igualdad jurídica que permita a todos/as los/as ciudadanos/as las mismas condiciones, en vez de dirigir los esfuerzos por erradicar las discriminaciones presentes en nuestra convivencia social, se nos dice que para que no se discrimine no se debe hacer pública la propia orientación sexual; con este razonamiento a los/as madres y padres peruanos también habría que quitarle a sus hijos/as, porque seguramente los discriminarán. Totalmente impensable, nunca pensaríamos en que si los padres hacen público y celebran su peruanidad, están anteponiendo su propio bien por sobre el de sus hijos/as.

Algunos ya han hablado sobre la ley antidiscriminatoria que lleva años en el Congreso, pero lo más inaudito de este proyecto son los cambios que algunos legisladores le han hecho, entre ellos eliminar la orientación sexual como causal de discriminación, desconociendo que en nuestra legislación debiese estar protegida dentro del derecho a la igualdad.

¿Debemos esperar que tribunales internacionales nos digan que se ha producido una discriminación y que se debe reparar el daño producido? Me pregunto ¿qué sucede con aquellas lesbianas que no pueden acceder a abogados que lleguen hasta las últimas instancias para proteger sus derechos? ¿Pasa lo mismo con las madres lesbianas que con los padres homosexuales? ¿Podemos relacionar este caso con las diferencias relacionadas al género donde se espera que la mujer sea madre por sobre todo y que llegue al extremo de no vivir su propia sexualidad con tal de realizar una maternidad “adecuada”?

Esperamos que el Estado chileno responda no sólo por este caso, sino por todas las leyes que ya deberían estar aprobadas, por las políticas públicas que debiesen estar implementadas y que al no existir, permiten las discriminaciones, la desigualdad y la violencia sobre lesbianas, transexuales, homosexuales y otros que salen de la norma heterosexual. Y, por supuesto, esperamos que el Estado haga efectivo su carácter laico y se valore e impulse la educación laica, donde la igualdad de derechos y el respeto por las diferencias se propicien y se exijan.

* Por Angelicx Valderrama, presidenta de MUMS / La Nación