Tenemos la tarea de generar una red amplia de actores sociales y personas que apoyen el matrimonio igualitario, entendido como un derecho civil al que cualquiera pueda optar.
Es sabido que la jerarquía de la iglesia católica no se da por enterada que en Chile la separación iglesia-estado sucedió en 1925, estamos casi acostumbrados a verla como un cuarto poder, que es consultado para temas de sexualidad, derechos humanos y otros; como una voz que «debe» ser escuchada, a la que se le presta tribuna y para la cual existe un público expectante.
Sin embargo, hay cosas peores que una jerarquía que se cree con el derecho a dictar pautas morales para todos y todas las ciudadanos/as , y esto ocurre cuando sus seguidores/as laicos/as piensan que deben imponer su religiosidad, a través de las políticas públicas y las normativas de las reparticiones del estado.
El actual gobierno, ha dejado en manos de sectores con cierto fanatismo religioso políticas públicas de relevancia social, tenemos, por ejemplo, el caso de la JUNJI, cuya vicepresidenta demuestra una distancia abismante respecto de la función social estatal sobre el cuidado infantil y de brindar una educación inicial de calidad para niños y niñas. Emitiendo juicios sobre el supuesto comportamiento de las madres que dejan a sus hijos e hijas en los jardines infantiles públicos, esto mientras el congreso discute la posibilidad de extender el posnatal a sus ciudadanas y/o que se comparta este derecho entre hombres y mujeres.
Por otro lado tenemos a un Sernam que en un documento emitido el 19 de julio por el Departamento de Estudios y Capacitación señala que los adolecentes deben abstenerse de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio , me pregunto cuáles son los elementos técnicos de esta recomendación. Estos discursos son la intromisión ideológica religiosa al interior de un estado laico que no solo deja de manifiesto la falta de respeto de quienes emiten estas opiniones y la clara intención de instalar sus ideas sobre la sexualidad de otrxs, sino que, siguiendo esa lógica, una puede preguntarse, los adolescentes gays y las adolescentes lesbianas ¿debieran abstenerse toda la vida?, porque para ellos, si fuera por estas personas, nunca habrá matrimonio.
La guinda de la torta, del contexto que se vive actualmente en Chile, frente a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Argentina son las declaraciones de los parlamentario de izquierda, que declaran que esta modificación al código civil provocaría una des-naturalización al concepto tradicional de la familia, indicando que el matrimonio debe darse entre un hombre y una mujer. ¿Será que estos parlamentarios no se han enterado que la familia no es una institución «natural», sino histórica, cultural y principalmente económica? ¿Será que no se han percatado que en Chile la familia papá-mamá-hijos (en ese orden) no es la familia «real»? ¿Será que los parlamentarios creen que legislar sobre matrimonio es legislar sobre el amor, cuando lo que se pretende es conseguir derechos civiles?
En un Estado de Derecho, todas las voces deben ser oídas: la iglesia y las organizaciones sociales, no unas más que otras y quienes detentan los cargos de autoridad deben hacerlo desde un lugar de responsabilidad social para con todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, con aquellos que tienen todos los derechos y con quienes tratamos de conquistarlos, más allá de sus legítimas adscripciones religiosas.
En este contexto la diversidad cobra relevancia si pensamos que somos un país multicultural y que no podemos legislar solo para las mayorías, incluso dentro de la iglesia existe diversidad, en el proceso argentino de consecución del matrimonio, la Iglesia Evangélica Luterana adhirió al matrimonio igualitario y un grupo de sacerdotes cordobeses también lo hizo.
Bien, tenemos la tarea de generar una red amplia de actores sociales y personas que apoyen el matrimonio igualitario, entendido como un derecho civil al que cualquiera pueda optar, porque cuando una sociedad deja de tener ciudadanías subalternas se beneficia esa sociedad entera no solo las llamadas «minorías».