El jueves 18 de noviembre por la mañana, se realizó una reunión en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con organizaciones chilenas. En ella participó Anders Kompass, quien se desempeña como Director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica en la oficina principal en Ginebra. También estuvieron presentes Américo Calcaterra, jefe de la oficina para el Cono Sur, y una docena de organizaciones chilenas de Derechos Humanos, como el Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS, la Corporación Humanas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido, la Fundación Raíces, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Unión de Padre y Amigos de Personas Discapacidad (UMPADE), el SINTRA, el MOVILH, el Observatorio Ciudadano (indígena), entre otras, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Se trataron temas relacionados a las dificultades del Alto Comisionado para el desarrollo pleno de su trabajo y la necesidad de mantener relaciones fluidas y crecientes con las organizaciones sociales que trabajan en el tema. Del mismo modo, se expresó la preocupación por las dificultades de participación de las ONG en el Consejo de DDHH de ONU.

Por otra parte, se discutió ampliamente la situación de los derechos humanos en Chile, tema sobre el cual los y las participantes coinciden plenamente en que el Estado de Chile tiene un discurso que no es coherente con la práctica. Este hecho se observa claramente al comparar la adhesión de Chile a diversos tratados e iniciativas a nivel internacional, con su casi nulo avance en materia de estas acciones a nivel nacional. Por ejemplo, Chile aún no ha resuelto el tema de las violaciones de DDHH en tiempos de la dictadura, abordando solamente «algunos casos emblemáticos». Lo mismo ocurre en el conflicto intercultural, dónde se realizan restricciones al presupuesto y se mantiene la amenaza de la Ley antiterrorista.

Otro tema ampliamente mencionado fue la discriminación. En Chile no existe una ley que sancione la discriminación, además de estar demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha iniciado un juicio por el caso de la jueza Atala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Del mismo modo, se mencionó la falta de una oficina de Defensoría del Pueblo o Procuraduría de DDHH, lo que deja a nuestro país por debajo de los niveles que, incluso, se presentan en America Latina en estas materias. Todo esto marca, entonces, una deuda importante del Estado Chileno en materia de DDHH.