El Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) solicita al Ministro de Defensa tomar medidas explícitas con el fin de prevenir situaciones como la que del instructivo que recomienda no admitir a homosexuales y testigos de Jehová en el Ejército.

No es aceptable en ninguna institución del Estado de Chile que existan discriminaciones por sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, clase o cualquier otra índole social. Eso no corresponde con los derechos fundamentales que cada chileno y chilena tiene. Si nos dieran a elegir, preferimos un país sin Ejército, pues se trata de una institución anacrónica, que nos sale muy cara a todxs lxs chilenxs, y que está llena de privilegios heredados de la dictadura. Pero en el contexto actual, demandamos respeto claro y explícito.

Hoy, el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas en general están lejos de ser instituciones transparentes y democráticas: su propia naturaleza atenta contra ello. Sin embargo, todas las instituciones deben garantizar el mínimo respeto a los derechos humanos, independiente de las particularidades de cada sujeto o sujeta.

Hemos recibido informaciones de militares en ejercicio que ven la apertura de este debate con mucha preocupación: temen que la discusión sobre homosexualidad y fuerzas armadas genere una persecución interna. No compartimos la idea de que homosexuales, lesbianas y bisexuales estén en el Ejército (el mundo trans ni siquiera tiene acceso) porque estamos en contra de la institución y su estructura, pero si respetamos y apoyamos la autonomía y libertad individual de quienes se sientan afectadxs por dicho instructivo.

Las disculpas del Comandante en Jefe del Ejército y el rechazo del Ministro de Defensa no son suficientes porque el problema no es solamente el papel. Lo ocurrido nos deja clara la necesidad de que las Fuerzas Armadas se transformen, pues si bien las personas responsables por el instructivo serán sancionadas, la discriminación seguirá, aunque implícitamente.

Una vez más reiteramos la necesidad de que se establezcan acciones efectivas de afirmación y que destine fondos para el establecimiento de políticas públicas concretas, tales como la capacitación de todas las instituciones del Estado en torno a temáticas de diversidad sexual.