Columna de opinión por Josefina Viñes*

En el reciente contexto en el que se han visto enfrentados los movimientos estudiantiles frente a las fuerzas especiales de Carabineros, que han actuado traspasando los derechos de un sinnúmero de marchantes, en su mayoría escolares, podemos considerar la conceptualización de Max Weber que plantea la existencia de monopolios de violencia en los Estados modernos, la cual explica como se faculta a una sola entidad, siendo ésta el Estado, a ejercer la autoridad sobre la violencia en el territorio que le corresponda. Según Weber, dicho monopolio debe estar sujeto a un proceso de legitimación que establezca el uso y ejecución de aquella violencia. Este autor recalca que es el Estado la única fuente de legitimación de su uso, y que son las fuerzas policiales y militarizadas su principal instrumento (Max Weber, “La política como vocación”).

No es un secreto el hecho de que durante el último tiempo, las Fuerzas Especiales de de Carabineros han estado ejerciendo de forma indiscriminada la violencia en contra de trabajadores, pueblos originarios, estudiantes, y otros.

Es de suponerse que Carabineros y sus autoridades correspondientes actúen a favor del orden público, pero considerando siempre ciertos protocolos de procedimiento que resguarden la seguridad de las personas y sus derechos civiles.

Carabineros han realizado comentarios extraoficiales tales como “nos entrenan para garantizar la seguridad social, no para mantener la paz social”. Queda claro que “le están dando un énfasis a la formación para enfrentar desórdenes por sobre la prevención” (theclinic.cl), donde se evidencia que los poderes políticos amparados en el poder que les otorga el Estado dirigen la violencia en función de la represión y la mantención del sistema imperante, más que en favor de la contención, protección y resguardo del orden público y privado, considerando a este en su fin último como un interés común que implica el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y la prevención de peligros, abusos y maltratos potenciales y reales hacia éstos. Resulta paradojal que si el servicio público está justamente dirigido a servir a la ciudadanía termine maltratando y abusando injustamente a quienes prometen “ser un amigo en su camino”.

La responsabilidad de qué hacer en situaciones en las que podrían existir disturbios y amenazas al buen funcionamiento social es, en primer lugar, de los poderes que anteceden a los monopolios de la violencia. Pero aunque sean ellos quienes comanden mantener el orden y controlar a las masas, son los mismos equipos operativos los que deciden como llevarlo a la práctica, generándose, muchas veces, un mal uso del poder en diferentes niveles.

Cabe preguntarse en qué sentido resulta aceptable que un grupo de manifestantes que, desarmado, marcha por hacer valer sus derechos, incluyendo el derecho de libre expresión, a través de un cártel, una pancarta o la propia voz común, sea vulnerado y atacado por policías armados que atentan seriamente contra la integridad física y psicológica de quienes, en muchos casos, son menores de edad.

Suele ocurrir que los medios de comunicación se encargan de seleccionar y difundir información que desprestigia a los movimientos sociales, caracterizándolos como espacios de infundada agresividad y destrucción publica.

No debemos permitir que la violencia que se presenta como legítima abuse en favor de intereses privados. Eso se nota de parte de nuestra policía.

Se critica constantemente que la violencia es un denominador común de toda manifestación masiva, y este mismo argumento se utiliza como excusa para desestimar toda causa y demanda social la cual es transversal al movimiento mismo, invisibilizando los actos devastadores que cometen nuestros paladines del orden.

Los encapuchados o el llamado lumpen, los que son definidos como lastres de la sociedad, las manzanas podridas, son normalmente unos pocos dentro de las marchas, y son estos grupos lo que tendrían que contenerse. Pero, como ya se ha planteado, dentro de ciertos protocolos de resguardo, ya que mal que mal, estas personas son ciudadanos comunes que no cuentan con el armamento ni la preparación militar que tiene carabineros. En muchos casos, también son niños, por lo que la contienda, más allá de sus fines y justificaciones, es desigual.

No me parece defendible que se destruya bienes públicos y privados sin ningún reparo ni sanción. Sin embargo, es probable que estos arrebatos de incontenible rabia e impaciencia no sean más que el reflejo de un régimen inconsistente, en el que todos, como sociedad y sus gobernantes, debemos tomar la responsabilidad que nos corresponda. Es importante que el monopolio de la violencia tome conciencia de porqué se le ha otorgado ese poder para que responda concordantemente. Quienes cometen disturbios deben ser detenidos, pero no entiendo cual es sentido de que sean ultrajados cuando ya han sido apresados o cuando la situación no amerita este despliegue de maltrato. Menos aun entiendo como actúa la fuerza policial, reprimiendo y atacando indistintamente a la masa que protesta en forma pacífica, creando una atmosfera de desorden generalizado y propagando el problema en vez de aislarlo. Me pregunto si ésta no será una estrategia para reprimir con violencia la totalidad de las formas de exigir los derechos ciudadanos, utilizando los brotes de agresión de parte de los encapuchados como excusa para provocar el desánimo de la personas que aprenden que sus reclamos genuinos son acogidos por el sistema público con una bomba lacrimógena, un lumazo y un golpe directo a la dignidad.

* Josefina Viñes es psicóloga en el MUMS


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